INFORTUNIO A LA VISTA

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TAREA PÚBLICA

Por: Carlos Orozco Galeana

Nunca como antes se había puesto en entredicho la voluntad política  del Estado para brindar atención  a personas en situación de desesperación,  como son aquellas que necesitan de su  auxilio para sobrevivir en la selva capitalista, solucionar un problema de salud o de tipo educativo. El cambio gubernamental, por  causa  de ajustes presupuestales, ha impactado agriamente en algunos grupos que anteriormente recibían subsidios.

Se informó en días pasados  que el gobierno federal desaparecerá 26 programas emblema del gobierno anterior como Prospera, o los Comedores Comunitarios, entre otros. La propuesta respectiva, que  Amlo enviará al Congreso el 8 de septiembre, incluye 881 programas presupuestales, de acuerdo con un análisis elaborado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

También se proyecta desaparecer otros programas como el de apoyo a los Pueblos Mágicos (que en 2019 no tuvo recursos asignados), el de Apoyo a Pequeños Productores; el de Atención a Jornaleros Agrícolas y el de Fortalecimiento del sector del Ahorro y Crédito Popular. Y un programa más que fue estratégico: el de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión extranjera (mejor conocido como Pro México); el de Empleo Temporal, entre otros. (Heraldo 6 de agosto).

Hay numerosos casos más aparte de los citados como  el del corte  del servicio internet en localidades, o el de la cancelación de plazas médicas en el medio rural, o el de la entrega de fertilizantes a campesinos, servicios fundamentales para   miles de personas. López Obrador, en su afán de luchar contra la corrupción, ha  minimizado a grupos diversos en tanto se dispone de otras estructuras o programas, pero a veces suele salir  más caro el remedio que la enfermedad al cancelarse deliberadamente programas que sí funcionan pero que fueron ideados y ejercidos por el gobierno anterior. Hoy, se agudiza el debate sobre la desaparición del Seguro Popular y 6 exsecretarios de Salud se oponen a ello.

Es vital que el nuevo régimen garantice que los programas oficiales sean efectivos  al cien por ciento, que no se desvíen y  originen corrupción. Gran parte de las personas que encuestan para medir el apoyo que los mexicanos dan a Amlo, respaldan esa política justiciera de velar por los menos atendidos históricamente. Pocos mexicanos objetan la nueva direccionalidad de la política social, pero lamentan que  se prescinda de las cosas que sí funcionan y se cambien por otras de  efectividad dudosa, al menos en el corto plazo.

A nivel estatal, hay un caso que me llamó la atención porque se habla de un riesgo de parálisis en perjuicio de varios centros de estudio ( 6 en total, 3 en Manzanillo ) que atienden a personas  son discapacidad “debido al limbo laboral  que enfrentan sus docentes, auxiliares y responsables, mismo que no tienen ningún tipo de prestación y sufren retrasos de hasta seis meses en sus pagos”. Esas personas son atendidas por sufrir discapacidad, o tener capacidades distintas, en lo intelectual, en lo motriz, en lo auditivo. (Diario el Noticiero)

Ese monstruo que es la Secretaría de Educación a nivel federal no se ha preocupado por asentar presupuestalmente la continuidad de  los servicios de tales Centros, lo que impide su funcionamiento óptimo; además,   los profesionales tienden a emigrar a otras áreas o lugares de trabajo donde les paguen normalmente y mejor.

Esther Artemisa Cortés Carrillo, una servidora de la educación muy profesional y comprometida, mujer de resultados donde quiera que labora,   auxiliar administrativa del CAED – Cetmar Manzanillo, pone el dedo en el renglón y anticipa el riesgo de no contar con lo indispensable para realizar su apostólica labor a favor de esas personas que necesitan el servicio educativo no solo para sentirse bien sino para aspirar a una realización laboral.

Es deseable que las cosas se acomoden, hay  capacidad de gestión en la representante federal, Indira Vizcaíno, quien tiene la sensibilidad y el interés para conocer este tipo de asuntos e intervenir en la regularización de esos servicios educativos. Es cuestión de hacerle llegar los elementos del problema y justificar la necesidad de resolver esa prioridad.

Esperemos que se normalice el  presupuesto hacia esas estructuras de servicio que solo persiguen hacer el bien a sus semejantes. Piénsese en lo importante que es recuperar para la comunidad y para sus familias a esas personas con capacidades distintas.  Y en que la razón de ser del Estado es mejorar la calidad de vida de todos sin excluir raza, sexo, religión, etc.

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