¿IGNORANCIA O DOLO? ¿OTRO CAMARAZO?

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LECTURAS

Por: Noé Guerra Pimentel

18 de marzo de 1951, una fecha que poco, muy poco dirá a algunos y nada, absolutamente nada a otros, a la gran mayoría y entre estos a los que debiera. Lo digo a sabiendas de la ignorancia de la asignatura histórica que priva en todos los ámbitos, incluido el de la política. Una efeméride crucial en la narrativa contemporánea del poder político en Colima. Ese día quedó marcado el principio del fin de una época social y de una estructura burocrática que, con sus asegunes, venía operando prácticamente desde que se conceptualizó y diseñó para su funcionamiento la gestión pública.

Fue el 18 de marzo de 1951 luego de una serie de acontecimientos políticos que agobiaron a nuestra entidad federativa hasta llevarla a la inestabilidad, cuando la XXXV legislatura local auspiciada por una durísima campaña patrocinada por fuerzas ajenas con oscuros intereses y mucho dinero de por medio acordó, mediante el decreto número 135 de esa fecha, el desafuero del entonces gobernador J. Jesús González Lugo. Hecho que, no obstante haber quedado sin efecto el 21 siguiente cuando nuevamente reasumió sus funciones el gobernador constitucional, sí constituyó el clímax de una serie de actos, algunos de ellos violentos que en escalada minaron no solo la estabilidad de un gobierno electo democráticamente, sino de una sociedad que se vio en medio hasta dividirse.

El saldo fue que después de la crisis (que implicó la intervención de la federación) y luego de los análisis, al poder legislativo se le restaron atribuciones y facultades que, según, no le eran afines, como la de nombrar al tesorero estatal, entre otros, puesto que por su naturaleza, funciones y condiciones deben depender del ejecutivo. Lo anterior solo por citar un ejemplo sobre la regresión que se pretende. Hecho, el de hace siete décadas, que además de la mediación federal significó una alteración en el ejercicio gubernamental que obligó a un nuevo proceso electoral para ajustar los tiempos y así empatar los trienios electivos correspondientes, tanto de legislaturas como de ayuntamientos a la propia elección sexenal, alternada esta a la del ejecutivo local y de los poderes federales, protagonistas a los que la creatividad colimota reconoció como “los becerros de año”.   

Traigo lo anterior, porque en días pasados la diputada Jazmín García, en mi opinión sin un argumento de peso o al menos fundado, con una visión cortoplacista y como tratando de inventar el hilo negro, propuso a la LIX legislatura una reforma constitucional para que dicho poder intervenga en lo que hasta hoy es facultad del poder ejecutivo, con la intención de ratificar -o, en su caso, impedir (eso no lo dicen)- los nombramientos de los candidatos a ocupar las carteras administrativas de gobierno (Secretaría general), planeación y finanzas (Tesorería), así como el de la contraloría. Acción con la que, desde el legislativo, por si no lo saben o ya lo olvidaron, de facto se regresaría a lo que, por inoperante, en el caso del tesorero, se superó hará 70 años, respecto a las facultades y atribuciones del otro poder con la pretendida reforma al artículo 58 que precisamente establece el nombramiento y, en su caso, libre remoción de los secretarios de la administración estatal, así como a los demás servidores públicos que no correspondan, conforme a la ley, a otra autoridad.

Esto, bajo la hipótesis (con paréntesis y entre guiones míos) de que el estado actual de cosas: “ha causado dudas y molestia en la sociedad colimense, al no hacer un mayor análisis de los conocimientos y experiencia para desempeñar los cargos más importantes de la administración” (Habría que saber a quiénes se refiere). De aprobarse dicha intención, se propondría que el titular del ejecutivo -acotado en sus atribuciones- someta sus propuestas de nombramiento de titulares de las secretarías citadas al legislativo, que “tendría la facultad y obligación de ratificarlo -O desecharlo (eso no lo dicen)- por mayoría absoluta, tras evaluar – ¿bajo qué criterios? ¡Si no son capaces de entregar con mínima objetividad y transparencia los reconocimientos “ciudadanos”! – la viabilidad, capacidad, experiencia y profesionalismo de los candidatos, sin generar afectaciones económicas y favoreciendo el consenso entre las diversas fuerzas políticas en rubros como la gobernabilidad, seguridad y finanzas.”

Quizá habría que advertirle a la legisladora y a sus tutores que si bien ahora son mayoría en el poder legislativo al rato podrían ocupar la titularidad del poder ejecutivo y que eventualmente la oposición tener mayoría en el legislativo. Por lo que desde hoy, al acotar las atribuciones de dicha instancia, la del Ejecutivo, ellos solitos, como partido, se estarían dando un balazo en el pie o, peor aún, que les pase como a sus antecesores de la XXV legislatura que, como dice el dicho: “Iban por lana -literal- y salieron trasquilados.”

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