Oscar Cervantes|COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Cuando era candidato a Gobernador de Colima, el priista José Ignacio Peralta Sánchez entregó una iniciativa de ley a los diputados locales de su partido, en la que proponía obligar a los servidores públicos a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales. Dos meses después, el Congreso del Estado aprobó en votación unánime su propuesta.
A 60 días de iniciada la actual administración, por primera ocasión el gobierno estatal hizo públicas las declaraciones patrimoniales del gobernador y los secretarios de su gabinete.
En la página web del Gobierno del Estado de Colima (http://www.colima-estado.gob.mx/transparencia/pagina_preview.php?idPagina=MzQyOA==) se puede constatar que José Ignacio Peralta es propietario de dos vehículos modelo 2012, cuyo valor de ambos rebasa el millón de pesos y de los que aún adeuda 10 mil 472 pesos.
También es posible saber que el valor de los bienes de Carlos Salazar Silva, titular de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, asciende a más de 36 millones de pesos.
Sin la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, posiblemente no se sabría que el secretario de la Juventud, Héctor Munguía García, no posee ninguna propiedad: ni bienes muebles ni inmuebles.
Munguía García no sólo no posee propiedad alguna, por el contrario, registra un adeudo de 22 mil pesos con Bancomer.
Aunque la obligación de transparentar las declaraciones patrimoniales está vigente desde el mes de mayo del año pasado, sólo el gobernador Peralta y sus secretarios la han cumplido, pues ninguno de los 10 presidentes municipales ni de los 25 legisladores locales han hecho pública esa información, pese a que tienen más de seis meses en sus respectivos cargos.
Colima sería la única entidad federativa cuyos servidores públicos están legalmente obligados a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, según lo refiere Luis Carlos Ugalde, director de la empresa consultora Integralia.
En su ensayo La rendición de cuentas de los gobiernos estatales y municipales, el expresidente del desaparecido Instituto Federal Electoral señala que los funcionarios públicos de los gobiernos locales están obligados a presentar la declaración de su situación patrimonial ante la contraloría del estado.
Aunque la declaración se llena sólo con la consigna de honora la verdad, se trata de un buen comienzo a partir del cual la contraloría respectiva lleva el control de todos los funcionarios públicos. Además, la propia contraloría está facultada, y obligada en su caso, para investigar la información desplegada por el funcionario para corroborar la veracidad de la misma”, señala Ugalde.