EN PIE DE LUCHA

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TAREA PÚBLICA

Por: Carlos Orozco Galeana

Hace unas semanas se constituyó una asociación estatal que agrupa aproximadamente a unos 600 extrabajadores de confianza que laboraron para el gobierno del estado de Colima y obtuvieron pensión o jubilación. Hay consenso a su interior de que padecen una situación injusta en el pago de sus estipendios,  que no se ajustan como debe ser desde hace siete años.

Tan grande injusticia solo puede explicarse porque hay una indiferencia total hacia esas personas que durante muchos años entregaron parte de su vida al servicio público y hasta terminaron en algunos casos padeciendo enfermedades diversas por las exigencias derivadas de sus encargos. Seguro que no escucharon jamás esta frase de Facundo Cabral: “no dediques tu vida al Estado porque te quita más de lo que te ha dado”.

Cosa contraria ocurre con los trabajadores sindicalizados, que tienen acceso a   bonos y prestaciones además de sus pensiones. No tengo un listado a la mano de todas las gangas que el gobierno estatal les otorga, pero seguro que si el lector lo supiera se asombraría.  ¿Estos trabajadores son de primera y los de confianza de segunda? ¿Sus  aportaciones son superiores a los de confianza?  Desde luego que no, todos son iguales y desempeñan funciones distintas, pero el propio gobierno les da un trato discriminatorio y les niega en ocasiones hasta  gozar completas, por ejemplo, sus vacaciones o cobrar sus aguinaldos completos, o combate a los que están en el umbral de tramitar pensión o jubilación. Ahora, el trato discriminatorio continúa hacia los pensionados y jubilados. Como si no existieran. Según sus directivos,  en promedio se han incrementado en 5 por ciento anual los salarios a trabajadores sindicalizados, “por lo que sumados los años en que no se han movido a la alza las pensiones y jubilaciones, hay un rezago de 40 por ciento.”

La tónica contra los trabajadores de confianza comenzó en el gobierno de Silverio Cavazos y continuó con Mario Anguiano Moreno. De buenas a primeras, los servidores públicos se encontraban con sus quincenas incompletas y con rebajas de sueldo que ni siquiera se les comunicaba. “Esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas”, decían los funcionarios a quienes les tocaba instrumentar esas políticas erróneas y  discriminatorias. Es lógico que si alguno repelaba, podía ser separado de inmediato de su puesto de trabajo. Y si la crisis  económica del gobierno continuaba  por malos manejos, se usaba la tijera del recorte cuantas veces fuera necesario.

La lucha de esos trabajadores ha de ser larga y pesada. Se toparán con incomprensiones, pero si permanecen unidos cosecharán los frutos que merecen. Ahora, tienen la palabra los diputados  del congreso local quienes pueden hacer algo para remediar tal injusticia e impedir la discriminación laboral de que son objeto esos extrabajadores.

El gobierno debe actuar con justicia y sensatez y valorar  las  condiciones económicas prevalecientes sobre ese grupo social.  Bien por su presidente, Miguel Valencia, quien lleva gestiones ante quien debe ser y expone la realidad de esos ex trabajadores que esperan comprensión y  apoyo de sus representantes populares, sean del partido que sean.