EL INFORMADOR
Ciudad de México.- En un hecho inédito, el Instituto Federal Electoral (IFE) determinó realizar ocho embargos mensuales al financiamiento público del PRD para saldar sus adeudos por 25.1 millones de pesos por servicios prestados durante el mega plantón de Avenida Reforma, en 2006.
La modalidad de ocho retenciones, cada una de tres millones 141 mil pesos mensuales, y no sólo una, fue resuelta en atención a la petición del PRD, que alegó que se minarían sus finanzas y solicitó se realizara en parcialidades.
Los consejeros determinaron por unanimidad proceder al embargo ordenado para el cumplimiento de la obligación mercantil del PRD, pero al fijar sus posturas urgieron a los legisladores a resolver lagunas jurídicas sobre los temas de competencia en materia electoral, uso que los partidos dan a las prerrogativas y nivel de endeudamiento de los partidos.
El asunto resuelto esta tarde por el IFE derivó de una disputa judicial por el cobro, pues en 2007 el proveedor Rafael Goycoolea demandó el cobro de 11 facturas por servicios de renta escenografías, pantallas, sonido, además de transmisiones satelitales durante 47 días de plantón en Reforma como parte de las movilizaciones poselectorales encabezadas por Andrés Manuel López Obrador.
Tras 12 recursos promovidos ante diversas instancias, y la defensa del PRD, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en mayo, contra el criterio del IFE y de la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) que las prerrogativas de los partidos son embargables, por lo que el juez 56 en Materia Civil pidió al IFE determinar la modalidad para proceder.
En la discusión se presentaron dos propuestas, la sugerida por la presidencia del IFE, de realizar la retención de los 25.1 millones de pesos en un solo mes, en agosto, y la de realizar 8 retenciones como pidió el PRD y propuso la consejera Macarita Elizondo.
Por siete votos contra uno se avalaron los ocho descuentos. El consejero presidente del FE, Leonardo Valdés, argumentó en pro del embargo en una ocasión para evitar el pago de intereses.
En la sentencia del Juez hay una pena para que el partido cubra tasa de interés de 6 por ciento anual sobre los saldos de la deuda hasta la total liquidación del adeudo, de forma que de aceptarse, el cálculo sobre ese interés se detendría al cubrirse la totalidad del adeudo, planteó.
“Si se extiende este pago por más mensualidades el interés seguirá corriendo y temo que siendo recursos públicos que la Constitución dedica a las actividades de los partidos no es lo más convenientes que ese financiamiento se dedique al pago de intereses”, expuso Valdés.
En la discusión, los consejeros Lorenzo Córdova y Alfredo Figueroa expusieron que si bien la materia es una orden judicial que debe acatarse, criticaron la decisión de la Corte al resolver que las prerrogativas de los partidos políticos son embargables.
“Sostengo mi criterio pero las sentencias en una democracia se deben acatar” dijo Córdova, aunque sean “malas”, en tanto que Figueroa planteó el asunto “habrá de acatarse aunque existan deficiencias tan evidentes en una revisión constitucional como la que la Corte ha decidido esta ocasión”.
La consejera María Marván expuso que sería deseable considerar si no habría otros bienes embargables como inmuebles, pero dado que hay que acatar la decisión del juez lo que hay que hacer es decidir en consecuencia
El consejero Marco Antonio Baños pidió una reflexión sobre las responsabilidades de los partidos con los particulares que y emplazó “ojalá los legisladores tomen nota”.
El consejero Benito Nacif planteó además que nadie puede estar encima de la ley aunque sean entidades de interés público y sus responsabilidades legales y civiles deben de cumplirse.
Pero no hay regulación al respecto, “de hecho ha habido una discusión qué es pasivo y qué es crédito” y es necesario en la agenda del próximo reglamento de fiscalización se establezcan niveles de endeudamientos y apalancamiento de los partidos y establezca la obligación de saldar sus pasivos, indicó.