AL DESNUDO
Por: Édgar Rodríguez H.
Gobierno tras gobierno, la caseta de Cuyutlán ha sido tema abanderado por políticos vivales en tiempos de elecciones, principalmente, pero pasado el torbellino político, ganen o pierdan, simplemente se olvidan del asunto dejándolo para mejor ocasión como quedó demostrado durante las pasadas campañas electorales, durante las cuales los aspirantes a cargos de elección se unieron y protagonizaron las consignas de algunos grupos u organizaciones civiles que hasta la fecha siguen tomando la caseta de peaje.
Políticos de todos los partidos políticos, durante campaña dijeron estar de acuerdo en la eliminación de la caseta de Cuyutlán, pero sólo algunos fueron más allá de las declaraciones y realmente se comprometieron e iniciaron un procedimiento jurídico para desaparecer el costo que genera el cruzar por la caseta.
Desde principios de 2012, los diputados priistas Itzel Ríos de la Mora y Francisco Zepeda González, desde el Congreso local, encabezaron un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SC) para que revocarán la ampliación a 30 años de la concesión de la autopista Armería-Manzanillo.
El punto de acuerdo señala que algunos tramos carreteros que en su momento fueron concesionados, “más que beneficiar con su uso diario a la ciudadanía, implican un gasto importante derivado de su uso constante, ya que, por el crecimiento de las ciudades, las casetas de peaje quedan dentro de las manchas urbanas y resultan incómodas para los usuarios de los caminos carreteros”.
Afirmaron que bajo esas circunstancias fue retirada la caseta de peaje que se ubicaba en el tramo conocido como Libramiento Manzanillo, que por gestiones del gobierno estatal fue retirada por la SCT el 3 de febrero de 2006, dejando sólo sujeto a concesión el tramo Armería-Manzanillo.
En ese tiempo señalaron que, a partir de la desincorporación de la concesión del Libramiento Manzanillo, el costo del peaje en la caseta de Cuyutlán se ha incrementado significativamente, hasta llegar actualmente a los 108 pesos, costo que afecta el arribo del turismo a la entidad y el tráfico de mercancías que se importan y exportan por el estado.
Ante ello, los legisladores recordaron que representantes del gobierno del estado, del Congreso local y diputados federales colimenses, han realizado gestiones para eliminar totalmente el cobro de la caseta de peaje de Cuyutlán, pero el tiempo pasó y nada sucedió.
En los últimos meses, han sido varias las manifestaciones para su cancelación, pero todas más con tintes políticos que sociales, de ahí la importancia que cobra el que el mandatario estatal, José Ignacio Peralta Sánchez haya decidido esperar y dejar pasar el torbellino político para retomar y encabezar seriamente el asunto y solicitar por los conductos adecuados (sin bloqueos o grillas) a la Secretaría de Comunicaciones y transportes (SCT), ejerza sus facultades legales y financieras para decretar la nulidad y/o revocación del título de concesión de la caseta de Cuyutlán, en el municipio de Armería, junto con sus respectivas prórrogas.
JIPS tiene mucha razón cuando afirma que “Como gobernador estoy obligado a escuchar el mandato del pueblo, el rechazo a dicha caseta es evidente, afectando principalmente a manzanillenses y armeritenses que día a día se desplazan por dicha carretera, ya sea por cuestiones de trabajo o estudio; que afecta el turismo y encarece el destino y que también le resta competitividad a la logística del puerto de Manzanillo”.
Se dice que…
*De convertirse en Coordinadora General de Programas Sociales en Colima, Indira Vizcaíno Silva tendrá un gran reto por delante, donde además de medir sus habilidades políticas, tendría que poner a prueba sus destrezas técnicas y administrativas que requieren un puesto de tal magnitud. De hacerlo bien, se estaría perfilando para 2021 como titular del ejecutivo estatal, pero de hacerlo mal, estaría cavando su tumba política.
*Al igual que en todo el país, las Coordinaciones Generales de Programas Sociales que implementará el nuevo gobierno presidencial, tendrán que responder únicamente a las expectativas ciudadanas y no a intereses políticos, quienes las dirijan deberán evitar una tensión y conflictos innecesarios con los gobiernos estatales. Los elegidos bajo las siglas de MORENA deberán tener siempre presente que los 30 millones de votos para Andrés Manuel López Obrador, también en su actuar, les representan poco margen de error.