DISCRIMINADOS

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TAREA PÚBLICA

Por: Carlos Orozco Galeana

Estamos ante la inminencia de otro problema para el gobierno del estado por desatender peticiones de más de 600 extrabajadores de confianza suyos que sufren discriminación económica y política en relación a otros que, con la misma condición de ellos, sí reciben prestaciones y ajustes continuos a sus pensiones y jubilaciones y cuyos líderes son apapachados por cualquier motivo y hasta les regalan diputaciones locales.

Los representantes de estos trabajadores han acudido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en busca de apoyo para lograr relaciones de igualdad económica y es altamente probable que acudan luego a la Comisión Nacional si no son escuchados. Y fíjese usted como son las cosas: los diputados priístas, obedientes ante el Poder Ejecutivo local, se vuelven ojo de hormiga ante el asunto, se hacen los occisos y le sacan la vuelta a los quejosos ignorando que con su actitud le echan más leña a la hoguera.

Su dirigente, Miguel Ceballos Valencia, dijo que el gobierno del estado viola sus derechos humanos, “pues todos somos iguales ante la ley, ya que no existe diferencia jurídica entre unos y otros”, sino que hay la condición misma ante un mismo patrón. Exacto, así es.

La queja ante la CEDH es concreta: a los extrabajadores pensionados y jubilados sindicalizados se les incrementa la pensión por encima de la inflación, pero a los que lo fueron de confianza les mantiene sus emolumentos inamovibles desde hace siete años. Y en efecto, no hay ningún artículo en la ley de pensiones vigente que especifique la existencia de ese contraste en el trato económico.

Afirman que desde el 26 de junio pasado han pretendido reunirse con los grupos parlamentarios del congreso local sin tener fortuna, exceptuando al diputado local de Acción Nacional, Luis Ladino Ochoa, quien “sí recogió con interés nuestra propuesta”, actitud contraria a la de los diputados priístas. Una actitud más de indiferencia la han recibido también algunos trabajadores que han acudido al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, “ que se distingue en retardar la conclusión de los asuntos”.

La pregunta es si hay una confabulación para no ceder ante estas demandas justas de extrabajadores que dejaron el pellejo en el servicio público durante varias décadas y reciben a cambio pensiones o jubilaciones que se mantienen inamovibles no obstante la inflación y la carestía de la vida, mientras que otros como ellos, afiliados aún al sindicato, reciben puntualmente salarios, prestaciones y hasta bonos.

Queda claro que este asunto, si no se atiende como debe ser, escalará a otros niveles afectando la imagen   del gobierno del estado. Otros efectos no menos importantes del trato anormal que reciben esos ex trabajadores tendrán su expresión en las siguientes elecciones en las que el Pri no las tendrá todas consigo. Generalmente, los empleados del gobierno y sus familias en su mayoría votaban antes por este partido. En el 2018, como quien dice, se someterá a juicio al gobierno que emanó de él y los colimenses insatisfechos, así hayan sido sus trabajadores, podrían cobrar las facturas retirándole su voto.

Ahora bien, resulta increíble que a estas alturas no haya alguien en el gabinete que sensibilice al gobernador acerca de estos temas. Es irónico que el gobierno, promotor teórico del bienestar, discrimine rotundamente en lo económico a quienes les sirvieron  durante tantos años.

El gobernador podría ponerse la camiseta de los quejosos, inspirarse y aplicar la justicia en este caso. Si lo desea, puede hacerlo.  ¿ O querrá que protesten y se planten en palacio de gobierno con una huelga de hambre, por ejemplo? Algunos diputados locales, por su parte, que no entienden que no entienden, podrían obrar con acierto y escuchar, si, escuchar a esos ciudadanos, y dejar de escucharse a sí mismos. Pero al margen de todo, queda constancia pública de la discriminación contra un sector de población simplemente porque se volvió costumbre.