Lo anterior se deriva de la estrategia de difusión que se realiza al interior de los estados a través de dicha guía de consulta, en donde se abordan los siguientes puntos:
Ampliación de los derechos de la víctima y ofendido.
Implementación de juicios orales.
Mecanismos alternativos de resolución de controversias.
Creación de un juez de control.
Protección de los derechos humanos de los inculpados.
Elevar a rango constitucional el arraigo.
Aplicación de bienes de la delincuencia organizada a favor del estado.
Fortalecer la investigación del delito a cargo de la policía bajo la conducción jurídica del ministerio público.
Restringir la prisión preventiva y los beneficios de preliberación.
El texto busca dar respuestas concretas a cuestionamientos que surgen ante tal enmienda, tales como: ¿qué se reforma y por qué?, ¿cómo se hizo la reforma?, ¿cómo se pasará del viejo al nuevo sistema?, así como un texto constitucional comparado y comentado del antes y después de la reforma a los Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123.
Con estas acciones la Procuraduría General de la República reitera su compromiso de colaboración interinstitucional y fomenta espacios de comunicación entre los encargados de la procuración de justicia en beneficio de la sociedad.