Redacción|COLIMANOTICIAS
México.- Con la aprobación de tres dictámenes de reformas constitucionales concluyó el primer periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, convocado por la Comisión Permanente el pasado 11 de julio.
El periodo extraordinario constó de dos sesiones que se realizaron el 16 y 17 de julio, aunque se había previsto hasta el 19 de este mes, y se plantearon los temas de tres reformas constitucionales.
Se dio por concluido el extraordinario luego de votar las reformas a diversos artículos de nuestra constitución, que fueron en los siguientes términos:
1) La reforma al 73 en su fracción XXI, es para facultar al Congreso a legislar en materia procesal penal como codificación única, medios alternativos de solución de controversias y ejecución de sanciones penales para toda la república; esta tarea fue en respuesta a una necesidad de fortalecer nuestro estado derecho y apoyar en la conclusión de la de la transformación del sistema penal inquisitorio a un sistema acusatorio basado en los principios de oralidad, debido proceso, inmediatez, publicidad entre otros.
Así a través de ello, se busca el perfeccionamiento del control constitucional ante la problemática penal, pretendiendo eliminar pésimas prácticas y con el objetivo la pretensión primordial de lograr un verdadero respeto de los Derechos Humanos que nuestra Carta Magna establece.
2) Se aprobó el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos (arts. 25, 73, 74, 79, 108, 116 y 117) en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios.
Está reforma tuvo un gran consenso en los diputados, pues fue aprobada con 457 votos a favor el proyecto de reformas a siete artículos de la constitución para acotar el endeudamiento de estados y municipios, con la finalidad de hacer frente a una práctica que se viene dando en perjuicio de los ciudadanos y que además compromete la viabilidad de la operación de las tareas primordiales de los gobiernos.
Si bien es cierto, algunos gobiernos estatales y municipales han realizados obras políticamente rentables, dejan comprometido el pago de dichas obras a las administraciones siguientes, generando un déficit impresionante que imposibilita la actuación de los nuevos gobiernos.
Ello ha ocasionado el sobregiro de la capacidad de endeudamiento de los estados y municipios, porque el presupuesto comprometido al pago de la deuda es tan grande que limita seriamente su operación normal, poniendo en peligro el equilibrio de la tesorería y los servicios públicos que el gobierno está obligado a proporcionar.
Con esta reforma, se tendrá mayor vigilancia para verificar la posibilidad de contraer deudas que no pongan en riesgo las participaciones federales y que además las obligaciones a corto plazo, ahora por ningún motivo se podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente y deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del período de gobierno correspondiente las obligaciones a corto plazo, es decir, no podrán contraer obligaciones financieras antes de tres meses de la conclusión de su encargo los gobernadores y presidentes municipales.
El Congreso de la Unión tendrá ahora la facultad de expedir las bases para la contratación de deuda pública, los límites y modalidades con las que los gobiernos locales podrán comprometer sus participaciones federales como garantía de pago.
3) Finalmente, también aprobamos el proyecto de Decreto que adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la constitución, en materia de registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales.
En este sentido se busca la unificación de criterios para el registro público de la propiedad y el catastro, trayendo consigo certeza jurídica en el patrimonio de todos los mexicanos
Dicha reforma fue en respuesta, a que actualmente (el caso de Colima es una excepción) el Registro Público de la Propiedad en el país, presenta diversos problemas que inciden en la seguridad jurídica de la propiedad, esto trae como consecuencia un impacto al catastro que cada Entidad Federativa tiene y con el cual le permite dictaminar la base gravable para el pago de los impuestos predial y de traslado de dominio.
Así, en la medida que se fortalezca a la institución catastral se permitirá fortalecer las haciendas locales por medio de la recaudación de impuestos inmobiliarios dentro del marco de seguridad jurídica de la propiedad y se podrá generar información para el ordenamiento territorial y las políticas públicas de desarrollo urbano y vivienda.
Asimismo, se eliminarán miles de litigios hereditarios por falta de claridad en la propiedad, las instituciones de seguridad pública y fiscales podrán tener una herramienta de apoyo a sus investigaciones, y las familias y las empresas podrán tener mayores oportunidades de acceso al crédito, entre otros beneficios para el país.
Se creará en su momento el Consejo Nacional de Homologación y Armonización Registral, el cual operará con las bases que determiné la ley general correspondiente que el Congreso expedirá en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
El legislador federal Miguel Ángel Aguayo López, seguirá dando su mayor esfuerzo en todas las tareas que le han sido encomendadas con motivo de su encargo como diputado federal por el primer distrito.