Al dar a conocer ayer el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2008, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que los centros de reclusión de 14 estados del país en lugar de mejorar “continuaron empeorando su situación con respecto al año anterior”, y las cárceles de otras 11 entidades obtuvieron entre 3.72 y 5.98 de calificación.
Según el estudio, entre las entidades que por tercer año consecutivo tienen calificaciones reprobatorias en los penales a su cargo destacan Sinaloa, Tabasco, Guerrero, Baja California Sur, Nayarit, Hidalgo, Quintana Roo y Chiapas.
Las cárceles ubicadas en Distrito Federal, Morelos y Oaxaca, por segundo año consecutivo están reprobadas, según el diagnóstico.
Asimismo, los reclusorios en Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Nuevo León, estado de México, Campeche y Yucatán bajaron en décimas su calificación con relación a 2007.
La CNDH destaca que 17 estados tuvieron mejorías, entre ellos sobresalen Coahuila, que ocupa el primer lugar en calificación, con 8.39; Durango, con 8.22; Querétaro, con 7.79; Puebla, con 7.78; Jalisco, con 7.65; Tamaulipas, 7.58; Tlaxcala, 7.45; Colima, 7.35, y San Luis Potosí, 7.17.
Al presentar el estudio, la CNDH subraya que ante la difícil situación del sistema penitenciario nacional, evidenciada por los disturbios recientes en varios centros de reclusión del país, los resultados de “este diagnóstico advierten que prevalace el mal funcionamiento de los reclusorios como uno de los eslabones más débiles de la seguridad pública”.
La CNDH resalta que el propósito de este diagnóstico, realizado por tercer año consecutivo, es evaluar conjuntamente con los 32 miembros de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos el grado de respeto a las garantías fundamentales en los centros de reclusión del país, mediante la aplicación en 248 centros de la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria.
Precisa que se evaluaron, entre otros derechos, los relacionados con la situación jurídica de los internos; los derechos que garantizan la estancia digna y segura en prisión, los que garantizan la integridad física y moral; los que garantizan el desarrollo de actividades productivas y educativas.
Otros derechos analizados son “los que garantizan la vinculación social del interno; los que garantizan el mantenimiento del orden y la aplicación de sanciones; los derechos humanos de grupos especiales dentro de instituciones penitenciarias, y otros 56 indicadores.
Destaca que “por lo que se refiere a los resultados de los 248 reclusorios evaluados, 37 por ciento bajó su calificación respecto del año anterior, en 15 centros esa disminución fue de entre uno y dos puntos, mientras que en los 75 restantes esa reducción fue de menos de un punto”.
La CNDH dio a conocer los cinco penales que presentaron los decrementos más significativos: El Centro de Readaptación Social de Cosamaloapan, en el estado de Veracruz; el Centro de Readaptación Social de Mixquiahuala, en Hidalgo; el Centro de Readaptación Social de Santa Rosalía, en Baja California Sur; el Centro de Readaptación Social de Monterrey, en Nuevo León, y la Penitenciaria Guillermo Colín Sánchez, en el estado de México.