EDITORIAL
Cuando en diciembre de 2006, el entonces nuevo presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa declaró “la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado”, nadie hubiera creído el nivel de violencia que habrían alcanzado esas acciones no sólo entre los grupos delincuenciales, sino en el tejido social.
Más allá de los 150 mil muertos que contabilizan algunos sectores estadísticos, la violencia ya se instaló en México como medida de presión, chantaje y hasta política.
En vísperas de las elecciones del próximo domingo 7 de julio, donde habrá votación en 15 estados de la república mexicana, las acusaciones de compra de votos y la guerra sucia de descalificaciones de unos y otros casi pasó a segundo plano.
Al igual que las acusaciones de desviación de recursos del erario público, por parte de los gobernantes hacia las campañas y candidatos que ciertos políticos quieren favorecer en esta elección, son temas del día, pero se agrega uno más: la violencia física hacia candidatos.
Recordemos al candidato a la gubernatura de Tamaulipas Rodolfo Torre Cantú, quien fue asesinado en plena campaña política, hace 3 años y ahora esta misma violencia se ha extendido a la zona mixteca de Oaxaca, Durango y hasta Baja California y Veracruz.
Lo preocupante de este asunto es el clima de violencia que se traduce en una campaña de miedo, que se pretende sembrar entre los electores y con ello poder influir, para inclinar la balanza hacia cierto partido, coalición, candidato o cacique, según sea el caso.
El gobierno federal no puede tolerar esa situación y en sentido estricto de seguridad nacional, deberá blindar las elecciones del próximo 7 de julio, porque una tragedia electoral puede desencadenarse en alguna de las secciones electorales que tendrán actividad este domingo.
Este asunto no puede el gobierno federal soslayarlo, ya que los ojos de los inversionistas están puestos en el México del Pacto entre partidos, la violencia siempre ahuyentará cualquier inversión nacional o extranjera.