TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana
Con cierta regularidad son tomadas autopistas en el país para protestar por situaciones de injusticia y en el menor de los casos por considerarse que los cobros por el uso de carreteras están altísimos y no corresponden a la calidad del servicio que prestan. No exagero si digo que los mexicanos pagamos las cuotas más altas por el uso de esas vías sin recibir la protección debida a cambio. Un aviso que recuerdo en la autopista Colima _ Guadalajara es que solo le prestarán servicio médico a uno si presenta en su momento el comprobante de pago hecho en la caseta! O sea, si alguien se accidenta pero no trae la copia del boleto pagado, pues se muere por descuidado!
A los concesionarios amigos de Salinas, Zedillo, Fox y compañía se les pasó la mano con el negocio de la construcción de carreteras. Están hinchados de lana. La inversión en autopistas se amortiza en pocos años, pues los precios se elevan cada vez que aquellos necesitan conservar o acrecentar sus millonarios ingresos y a cambio el mantenimiento y la atención a los usuarios en ellas es mínimo. Pero los mexicanos soportamos todo. A ver, por qué no nos ponemos de acuerdo y hacemos una huelga digamos de 7 días sin transitar por la autopista que nos une a Guadalajara? Qué pasaría?
Diario El Noticiero difundió recientemente que en los últimos 3 años el costo del peaje en carreteras aumentó 12 por ciento sin que se hubiese mejorado la infraestructura vial. La fuente, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, notificó que la red de autopistas en el país está desmejorada “y no es justo que se pague por un servicio deficiente, en el que no hay mejoras. ” Y el Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura, estableció que el problema grave no es cuánto sube el peaje sino que sigue habiendo discrecionalidad en el gasto, pues no hay compromiso de que ese recurso se usó en el mantenimiento óptimo de las carreteras.
El lector seguro que sabe la peligrosidad de numerosas vías, que se convierten en un verdadero peligro para los usuarios. Las autopistas ya no garantizan la seguridad para nadie, pues hay maleantes que operan en ellas con absoluta impunidad. Lo digo porque se de varios casos en que por pura suerte no han perdido la vida conocidos míos. Y debe haber por ahí accidentes por la circulación de semovientes que sorpresivamente aparecen ante la mirada atónita de automovilistas que ven su vida en peligro.
Por otro lado, los tráiler doble remoque siguen derramando sangre por todas las carreteras del país y los concesionarios alegan que causan más accidentes los que no son doble remolque y es por ello que con todas sus fuerzas se oponen a cualquier cambio legislativo. Se aprecia que los señores diputados y senadores de la comisión de comunicaciones y transporte, desde hace varias legislaturas, están maiceados pues no actúan ante tanta muerte y desorden.
Legalmente sí constituye un delito apoderarse de instalaciones o accesos en las autopistas aun cuando se luche por causas sociales justas, pero la verdad es que los mexicanos estamos siendo esquilmados por un sistema político cómplice que ha generado muchos empresarios ricos que se han beneficiado del tráfico de influencias con los altos mandos gubernamentales.
Empresarios y políticos se reparten en México los proyectos millonarios y más rentables. Son negociantes estos últimos más que servidores. Es muy comentado en el país que precisamente el secretario de la SCT, Gerardo Ruíz Esparza, tiene vínculos con inversionistas de toda laya a los que les promueve sus intereses y defiende ante cualquier cambio jurídico que pueda afectarlos.
Solo recuerde el lector, por último, los famosos socavones que han servido de tumba a muchos mexicanos, unas 44 obras de este tipo presentan actualmente problemas y no se sabe que alguien esté pagando por los errores o los actos corruptos.
Algo positivo debe ocurrir a partir del gobierno siguiente. Que se apliquen fórmulas y programas de inversión que garanticen un pago justo por el uso de autopistas. El interés de los mexicanos es primero.