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Oaxaca.- Cuando Irene Cruz, mujer indígena de origen Na’Savi, salió de su casa el 21 de junio de 2001 para dar a luz a su primer hijo, su familia nunca imaginó que volvería al hogar en estado vegetativo y condenada a pasar el resto de sus días postrada en una cama.
Todo comenzó la noche del 20 de junio de 2001.
Esa noche, una partera llegó a la casa donde vivía la mujer de 26 años de edad con su esposo y su familia en Barranca Fiera, un remoto paraje de la comunidad de Morelos que pertenece al municipio oaxaqueño de San Cruz Itundunjia. Tras varias horas tratando de auxiliarla y de acomodarle el bebé en el vientre, la partera se da por vencida y aconseja al esposo y a los padres de Irene que la lleven de urgencia a la unidad médica del municipio, la cual se encuentra a unas dos horas de la comunidad.
Entonces, surge otra complicación: los sinuosos caminos de terracería hacen imposible que una ambulancia llegue hasta el paraje, por lo que una camioneta del municipio traslada a la joven, entre tumbos, al centro médico de Santa Cruz Itundujia, donde la tarde del 21 de junio el personal médico determina que ahí no la pueden atender porque no cuentan con el equipo necesario para emergencias obstétricas.
De nuevo, a la camioneta. Y de nuevo, horas de caminos de terracería hasta llegar al Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) más cercano, en el municipio de Tlaxiaco.
Allí, la madrugada del 22 de junio –más de un día después de iniciar las labores de parto-, a Irene le practican una cesárea de emergencia que debido a una negligencia médica de la anestesióloga la deja a ella y a su bebé en estado grave.
Sin que nadie ofreciera mayor detalle al esposo y a los padres, someten de nuevo a la mujer y a su niño recién nacido a otro viaje de tres horas para trasladarla a la capital Oaxaca.
Finalmente, en el Hospital Civil le diagnostican una “encefalopatía hipóxica isquémica”.
O en otras palabras, pérdida total de movilidad y de capacidad de racionamiento, derivada de un daño cerebral permanente e irreversible que dejará a Irene anclada de por vida a una cama.
Además de la negligencia, le implantan DIU sin consentimiento
Algo más de 14 años después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el pasado 22 de octubre de 2015 la recomendación 32/2015 que dirigió al director general del IMSS y al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué.
En la recomendación, que puedes leer íntegra aquí, la CNDH determinó -en base a peritajes médicos propios y de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico y de la Procuraduría General de la República (PGR)- que la anestesióloga del IMSS aplicó la anestesia a Irene sin controlarle antes la presión arterial, lo que le desencadenó varios paros cardíacos que impidieron que el oxígeno le llegara al cerebro y le provocara daños irreparables.
Además, la CNDH destaca en su informe otra violación de extrema gravedad: sin su consentimiento y sin que se informara a la familia de ello, el personal médico del IMSS aprovechó la intervención para implantar a Irene un Dispositivo Intrauterino, método anticonceptivo conocido como DIU.
“En el caso de Irene se cometió violencia obstétrica porque, primero, se cometió una negligencia médica grave; segundo, porque en el hospital no había los instrumentos médicos y el equipo necesario para brindar una atención médica adecuada en un caso como el suyo; y tercero, porque se le implantó un método anticonceptivo sin su consentimiento”, subraya en entrevista con Animal Político Itzel Silva, abogada de Fundar y representante legal de Irene Cruz y su familia.
Silva apunta que en este caso “también se cometió violencia institucional”, ya que, a pesar de que la familia denunció los hechos ante autoridades ministeriales de Oaxaca, éstas no realizaron los peritajes médicos correspondientes ni investigaron la negligencia, “y tardaron además 10 años” en turnar el caso a la Procuraduría General de la República, toda vez que el delito fue cometido por servidores públicos de una instancia federal como el IMSS.
EXIGEN ATENCIÓN MÉDICA VITALICIA Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN
Dilaciones y omisiones “que generaron impunidad”, de acuerdo con la integrante de Fundar, ya que el delito imputado contra la anestesióloga por lesiones culposas, con el agravante de responsabilidad profesional y ejercicio indebido del servicio público, prescribió tal y como determinó en diciembre de 2013 un magistrado del Primer Tribunal Unitario, quien, sin embargo, ordenó a autoridades estatales y federales que repararan el daño a Irene, a su hijo Epafrodito -que resistió el parto a pesar de que nació en estado grave, producto de la negligencia médica- y a su familia más directa.
“Queremos que la indemnización a Irene no se limite sólo al dinero, sino que sea una reparación integral del daño”, recalca la coordinadora de estrategias jurídicas de Fundar.
Por ejemplo, expone, al IMSS se le exige “atención médica vitalicia” para la mujer indígena y su hijo, y al Gobierno de Oaxaca que le otorgue una beca a Epafrodito “hasta el término de sus estudios”.
Además, se exige el cumplimiento de “medidas de no repetición”. Por un lado, al IMSS se le pide que “capacite y forme a todo el personal médico en derechos humanos y perspectiva de género”, y que su personal “informe y respete” la decisión de las mujeres indígenas para uso de algún método anticonceptivo; y por otro, al gobierno oaxaqueño se le hace un llamado a que capacite y forme a todo el personal de la fiscalía en derechos humanos de las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad.
A las autoridades médicas también se les exige que “supervisen, verifiquen y garanticen en Oaxaca el equipo médico y quirúrgico necesario para la atención de partos y realización de cesáreas”, mientras que al ejecutivo estatal se le exhorta a que identifique las responsabilidades administrativas y/o penales de los agentes del ministerio público que ‘atendieron’ el caso de Irene.
No obstante, a pesar de la recomendación de la CNDH emitida en octubre de este año, y de la orden del magistrado en 2013 para que se repare el daño a Irene y su familia, ni el IMSS ni el gobierno oaxaqueño han dado un paso al frente, aunque ya anunciaron que sí aceptan la recomendación de la comisión de derechos humanos.
“Fundar ya tuvo una primera reunión con el gobierno de Oaxaca para ver la reparación del daño, pero del IMSS no hemos tenido ningún contacto todavía. No nos han buscado todavía, aunque se supone que al aceptar la recomendación están en la disposición de cumplir con las medidas de reparación que en ella se plantean”, señala Itzel Silva.
ENTREGAN AL IMSS 8 MIL 600 FIRMAS EXIGIENDO LA REPARACIÓN DEL DAÑO
Por el momento, y como medida de presión para que las autoridades médicas federales aceleren su respuesta, Fundar y Amnistía Internacional realizaron el martes 17 de noviembre un evento frente a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la ciudad de México, en el que entregaron 8 mil 600 firmas de ciudadanos con la exigencia de que a Irene y su familia se les repare, en la medida de los posible, el irreversible daño ocasionado.
Fuente: noticiasnet.mx
