Burdo Oportunismo
Por: Édgar Rodríguez H.
En su desmedido afán protagónico que obedece a su imperiosa necesidad de hacerse notar, de posicionarse como aspirante a candidata del PRI a la gubernatura del estado en el 2015, la senadora de la República Mely Romero Celis termina por evidenciarse como una política ambiciosa y oportunista. La más reciente, que no la última, desafortunada, para ella, intervención en un problema al que nadie la invitó, fue la generada por el Gerente de la Operadora de Autopistas Sayula, S.A. (OASSA), Enrique Mascarúa Chirino, al amenazar a los propietarios de los predios colindantes con la autopista Colima-Tonila de taponearles sus conectividades con la misma.
Más tardó Mascuará Chirino en pegar sus intimidatorios escritos en los falsetes de los predios en cuestión, que los propietarios de estos, encabezados por Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, en ponerse en pie de lucha como el año anterior lo hicieron en la capital del estado los vecinos de la Colonia Lomas Verdes para defender su jardín de la fallida intentona de convertirlo en complejo religioso, para evitar ser tropellados por OASSSA so pretexto de la realización de obras en la carretera que explota con derecho de horca y cuchillo como en los tiempos idos del porfiriano.
Ante la determinación mostrada por Preciado Rodríguez y sus huestes, a quienes en todo momento respaldaron los alcaldes de los municipios de Cuauhtémoc y Tonila, no así los legisladores federales como Mely Romero Celis que ahora pretende colgarse medallas que no le corresponden, pues llegó incluso a descalificar el movimiento reivindicador del derecho al libre tránsito liderado por Vizcaíno Rodríguez y el convenio del que ya debidamente firmado se asume como autora, olvidando lo que había antes denunciado en el sentido de que el mismo sólo había sido verbal y que se estaba politizando el problema, sin que ella, se corrige, recibiera beneficio alguno, de ahí su enojo.
“Si nos clausuran el acceso a nuestras tierras, les cerramos el paso por la autopista”, fue el grito de guerra de los propietarios en riesgo de ser engolfados por la carretera que obligó a Mascarúa Chirino a buscarlos para hacer lo que no hizo desde el inicio: hablar de frente con ellos para lograr acuerdos y establecer compromisos mutuamente aceptables como el de no clausurar los referidos los accesos y realizar las obras necesarias técnicamente. “Si no nos dan por escrito el acuerdo, les tomamos la caseta el domingo 7 de julio”, sacó de su ronco pecho Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, lo que bastó para en su propio domicilio la concesionaria le entregara el documento de marras.
En lugar de emprender la graciosa retirada, la senadora Romero Celis cometió un nuevo error al pretender lucirse y capitalizar políticamente a su favor el acuerdo escrito y firmado por BANAOBRAS que garantiza el pleno respeto a las conexiones entre la carretera y los predios y el apego a los lineamientos técnicos en la obras que lleguen a realizarse, cuando todo el mérito y reconocimiento por lo alcanzado les corresponde a los propietarios de los predios que se vieron en inminente riesgo de ser afectados y se fajaron como debe ser, con firmeza y determinación, liderados por Arnoldo Vizcaíno Rodríguez.
Superada la amenaza de incomunicación, queda en la agenda del mismo exitoso grupo de propietarios rurales oponerse y hacer todo lo que a su alcance esté, por supuesto sin la intervención oportunista de la senadora Romero Celis, para que el tramo de la autopista de Colima a los límites con Jalisco que construyeron el Gobierno del Estado y la Federación con dinero público, sea convertida en uno de obro con la instalación de la caseta respectiva.
Se dice que…
*Para el presidente de la Canacintra Delegación Colima, Emilio Carrillo Preciado, “el diputado -Francisco Rodríguez García- no sólo ofende a quienes acusa, nos debemos sentir ofendidos todos los empresarios colimenses, porque mañana puede ser cualquiera el blanco de las calumnias de este legislador”. Sin comentarios.
*En el mismo tema, Jesús Orozco Fuentes ha decidido presentar una demanda por la vía civil ordinaria por daño moral contra el legislador local Francisco Rodríguez García, con la firme convicción de que es legítimo defender su honor y el de su familia, porque como ciudadano no puede permitir que quien ostente un cargo de representación política se escude en él “para difamar y mentir”. Lo escrito, esto apenas empieza.