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México.- El Sistema de Administración Tributaria (SAT) podría asegurar las cuentas bancarias del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, como medida fiscal para garantizar el presunto perjuicio ocasionado a la Secretaría de Hacienda que asciende a dos millones 156 mil 489 pesos, informó el abogado Eduardo Luengo.
Señaló que esto se prevé luego de que la juez 5 de Distrito de Procesos Penales federales del Reclusorio Oriente, Olga Sánchez Contreras, rechazó la pretensión del embargo precautorio de bienes que se solicitó contra el ex mandatario estatal.
Indicó que el siguiente paso de las autoridades hacendarias es congelar dos cuentas del Banco Mercantil del Norte y una de Banamex, en las que peritos fiscales detectaron a Granier Melo ingresos acumulables por 10 millones 357 mil 979 pesos.
En entrevista, Luengo Creel precisó que para evitar el auto de formal prisión a su cliente, este viernes se presentó a declarar el ex legislador Juan José Rodríguez Prats como testigo de descargo, en torno a la acusación de defraudación fiscal equiparada calificada por la que se detuvo al ex gobernador.
El abogado precisó que el aseguramiento de las cuentas bancarias de Granier Melo no es un pago para saldar la supuesta defraudación, y subrayó que dicha medida es una facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Puntualizó que seguirán presentando pruebas a favor del ex gobernador de Tabasco, pues el próximo lunes vence el plazo para que la juez 4 de Distrito en la ciudad de México determine su situación jurídica por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“El hecho de que la votación se haga días antes de las elecciones perjudica el ambiente electoral y es también un claro ejemplo del dolo con el que está jugando la Unidad de Fiscalización.
“Nuestra postura es que este dictamen se tendría que aplazar al menos unas tres semanas para que no afecte la realización de los comicios y no le afecte a las campañas de los 14 estados donde se están llevando hoy campañas electorales”, consideró ante los medios.
El perredista señaló que la propuesta de la Unidad de Fiscalización todavía “no es una cosa juzgada” y los partidos habrán de discutirla.
Negó que la coalición Movimiento Progresista haya rebasado el tope de los 336 millones de pesos establecido para la campaña presidencial, y argumenta que los promocionales que argumenta el IFE sirvieron para difundir la campaña de López Obrador no se distribuyeron en sus actos proselitistas y sí en la de diputados y senadores.
Aseguró que se trata de “un atraco” a la izquierda lo que pretende hacer el IFE, porque los criterios de prorrateo autorizados a la coalición Compromiso por México son los mismos que se le niegan a la de Movimiento Progresista.
“Negamos categóricamente la superación de topes de gastos de campaña en 2012; los datos proporcionados en el dictamen son absolutamente equivocados , están construidos de manera tendenciosa para perjudicar a la coalición Movimiento Progresista.”